Manuela Royo (33) es abogada y desde que se tituló, hace cuatro años, se dedica exclusivamente a llevar causas indígenas. Trabajó en la Defensoría Penal Mapuche como representante de los comuneros imputados por el caso Luchsinger-Mackay, y fue desvinculada por aparecer en un video donde calificaba de “racista y parcial” a Alberto Chiffelle, fiscal del caso y jefe de la fiscalía de Temuco. Actualmente trabaja de manera particular en causas mapuche y entrega asesoría legal gratuita y voluntaria a comunidades de Curacautín, Trapilwe y Temucuicui.
Por Álvaro Vergara
“Al despertar, revisé mi celular y vi que tenía como mil llamadas perdidas de Sergio, con quien había ido a la Chile a presentar un libro el día anterior. Ahí supe que algo raro había pasado”. Así fue como, el 29 de marzo de 2016, Manuela Royo (33), abogada y amiga de Sergio Catrilaf, se enteró de que habían detenido a 11 comuneros mapuche por una supuesta participación en el asesinato de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, en enero de 2013.
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“Era absurdo. Los Catrilaf son personas que jamás han participado de reivindicaciones políticas ni han tenido ningún tipo de relación con la familia Luchsinger”, dice Royo. Asegura que la única persona de la familia que tiene antecedentes penales es Hernán Catrilaf por manejo en estado de ebriedad y que cuando Sergio Catrilaf supo de la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, condenó rotundamente los hechos.
“En su familia todos son horticultores y en esa fecha estaban trabajando en la feria Pinto, que es como la Vega de Temuco. Ninguno de ellos tenía intención de reivindicar nada contra los Luchsinger, no sabían mucho de ellos, ni tampoco conocían a los otros comuneros imputados por el caso”, dice Royo. Y agrega: “Nadie entendía nada, como si a mí me acusaran de haber puesto una bomba o de haber matado a una persona, fue todo muy heavy”. Desde entonces defiende a Sergio, Hernán y Sabino Catrilaf, tres de los 11 comuneros acusados por el caso.
Royo es abogada de la Universidad Alberto Hurtado, licenciada en Historia y diplomada en Derecho Indígena y Ambiental de la Universidad de Chile. Trabajó en la Defensoría Penal Pública desde marzo de 2013, un año en la Defensoría Penal Mapuche y, actualmente, entrega asesoría legal gratuita y voluntaria a comunidades de Curacautín, Trapilwe y Temucuicui.
Su enseñanza básica la hizo en el colegio Institución Teresiana, donde la expulsaron en primero medio, porque era muy desordenada. “Siempre tuve muy buenas notas, pero no estaba de acuerdo con el sistema educativo. Era una educación súper conductista, muy basada en la disciplina y no creo que esa sea la mejor forma de aprender. Por eso no dejaba que los profes hicieran clases tranquilos”, cuenta. Después estudió en el Colegio Calasanz, donde estuvo un año y también la echaron, esta vez, porque dormía todo el día. Finalmente terminó su enseñanza media en el Colegio Latinoamericano de Integración. “Era un colegio más libre, alejado de las reglas absurdas que imponen en otros colegios más tradicionales, como el largo del jumper, usar aros o el color del pelo”, dice.
Fue parte de la última generación que rindió la Prueba de Aptitud. Sacó buen puntaje, pero no tenía idea qué quería estudiar. Lo que sí sabía es que, independiente a la carrera, debía ser en la Universidad de Chile. Su mamá, María Luisa Letelier (63), cuenta que le aconsejó que estudiara Derecho al igual que su papá, pero Manuela lo encontraba muy fome. “Una amiga le dijo que podría ser profe, porque tienen como dos meses de vacaciones, y lo encontró buena idea”, cuenta Letelier.
Cuando estaba por terminar Historia en la Universidad de Chile, Manuela Royo comenzó a tomar ramos de derecho.
En la U. de Chile no existía la carrera de pedagogía, así que entró a estudiar Historia. Su mamá cuenta que ahí despertó su interés por lo político y social: “Cuando estaba en el colegio no existía ninguna cuestión de revolución pingüina ni nada, eso recién lo vino a conocer cuando entró a la universidad”.
“Fue muy potente conocer otras realidades y la desigualdad que existe en la educación. Me di cuenta de que quienes estábamos en la universidad éramos unos privilegiados”, dice Royo y continúa: “Había mucha gente que no tenía el dinero para acceder a una educación de calidad, que no tenía para pagar la Prueba de Aptitud y menos para entrar a la universidad”. Esa situación la motivó a empezar a trabajar en preuniversitarios populares de poblaciones, fue profesora jefe en un instituto dos por uno a los 22 años y se fue a vivir a Lo Hermida para trabajar con personas de escasos recursos.
En cuarto año de Historia empezó a hacer los trámites para sacar la pedagogía, pero le dijeron que le faltaba inscribir un curso y que tendría que hacer un semestre más. En ese tiempo hacía clases y se dio cuenta de que no quería dedicar su vida a educar. “Es diferente enseñarle a gente que quiere aprender, a enseñarle a gente que va por obligación al colegio y no está ni ahí con aprender. Para eso hay que tener mucha vocación”, dice Royo.
Recordó el consejo que le dio su mamá años atrás y comenzó a tomar ramos de primer año de Derecho como electivos. Pensaba que ser abogada era una herramienta muy útil para aportar a la transformación social. Hizo el proceso para entrar a Derecho internamente en la U. de Chile, pero no alcanzó a pasar la entrevista personal: “Siempre he sido muy hippie. Llegué con un vestido floreado, muy casual, y estaban todos súper formales. Al tiro me miraron como un bicho raro”, dice. Cuenta que una de las preguntas de la entrevista fue si creía en Dios. “Ahí ya me di cuenta de que no iba a quedar”. Tras no ser aceptada, tuvo dos opciones, dar la PSU para seguir en la misma universidad o entrar directamente a una universidad privada. “No estaba ni ahí con la PSU, así que entré a la Alberto Hurtado no más”, cuenta. Entró a los 24 años y se tituló de abogada a los 30.
En 2012, en la recta final de su carrera, llegó a hacer su práctica profesional en la Defensoría Penal Pública (DPP) de Santiago, y ese mismo año viajó por primera vez a la Región de la Araucanía. Lo hizo en compañía de Mijael Carbone, un joven de origen mapuche y amigo cercano de Royo que conoció en la Universidad Alberto Hurtado. “Mijael estudiaba Derecho también y nos tocó dar juntos el examen de grado. Mientras esperábamos para dar el examen, me empezó a contar sobre su vida, su cultura, y me dieron ganas de conocer ese mundo”, relata la abogada.
“Al principio lloraba cuando perdía algún caso, porque me vinculaba demasiado, pero con el tiempo aprendí a tomar distancia”, dice Manuela Royo.
Carbone la invitó a conocer a su familia en Curacaitín. Allá visitó comunidades indígenas y vio que la gran mayoría de las personas que vivían ahí, incluido Carbone, tenían causas judiciales pendientes. “Mi caso era un supuesto homicidio de un carabinero, pero al igual que el resto de mis familiares, no contaba con los recursos para tener un abogado que me defendiera”, comenta Carbone. “Le pedí a Jaime Madariaga, un abogado que trabajaba conmigo, que asumiera la causa para poder ayudarlo”, cuenta Royo, que no se sentía lista para hacerse cargo sola. A Carbone lo absolvieron, pero Royo sintió que no podía dejar sola a toda esa gente que necesitaba ayuda.
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Cuando terminó su práctica en 2013, se quedó trabajando en la DPP en Santiago. Mientras tanto, se mantenía viajando a Curacautín para apoyar a mapuche con causas pendientes. “Son personas y tienen problemas como todos nosotros. Los acusaban injustamente por muchos delitos en los que no tenían nada que ver y no había nadie que los defendiera. No podía permitir que eso siguiera pasando”, dice Royo. Finalmente, después de seis meses viajando a la IX Región para apoyar judicialmente a las familias indígenas, renunció a la DPP de Santiago y se instaló a vivir en Curacautín para trabajar en la Defensoría Penal Mapuche (DPM).
“Mis viajes, estudios, investigaciones que he hecho y mi trabajo en la Defensoría Penal Mapuche me han llevado a trabajar y a conocer a mucha gente que pertenece a comunidades indígenas mapuche”, cuenta la abogada. Así fue como conoció a Sergio Catrilaf y a su familia. Vive en Curacautín desde hace tres años y pasa gran parte de su tiempo relacionándose con comunidades mapuche. “La Manu siempre viene a los cumpleaños, hacemos asados y hasta viene a almorzar de vez en cuando”, dice Soledad Cheukelaf, esposa de Sergio. Además, cuenta que ha formado una relación especial con su hija : “Son bien amigas con mi hija menor, la Javiera, que dice que quiere ser abogada cuando grande igual que la Manu. Le enseña cosas de Derecho y hasta le trae tareas para que aprenda”.
Dice tener claro que para mucha gente no es bien visto que una abogada se involucre tanto con sus representados. “Al principio lloraba cuando perdía algún caso, porque me vinculaba demasiado, pero con el tiempo aprendí a tomar distancia”, cuenta Royo. Y agrega: “Obviamente no voy a ir a una audiencia a decir que Sergio es mi amigo, hay que saber separar las cosas”.
Desvinculación
En julio de 2016 despidieron a José Traipe, fiscal de Collipulli de origen mapuche, quien acusó a Alberto Chiffelle, jefe de la fiscalía de Temuco y fiscal del caso Luchsinger-Mackay, de discriminación y racismo. En ese contexto las familias de comuneros mapuche protestaron en contra de Chiffelle y le pidieron a Royo que participara en un video.
“Yo jamás pensé que la cuestión iba a ser tan polémica”, dice. La llamó por teléfono su ex jefe, Pablo Ardouin, para decirle que la iban a sacar del caso. “Me dijo te vas tranquilamente sin que nadie sepa o te echamos”, cuenta ella. Al final la sacaron del caso, pero no de la Defensoría. Sin embargo, ella misma decidió renunciar a su trabajo para poder seguir representando a los comuneros de forma particular. “No me arrepiento de lo que pasó, porque sirvió para tensionar ciertas cosas que no estaban bien dentro de la Defensoría”, asegura.
Comunicado público de comuneros e imputados Catrilaf en apoyo a abogada defensora Manuela Royo
Nosotros, comuneros del Lof Muku-Püllü, familia Catrilaf; comunicamos a la opinión pública, estudiantes, simpatizantes…www.mapuexpress.org
Actualmente trabaja en forma particular defendiendo causas mapuche y medioambientales de la IX Región, y brinda asesoría legal gratuita a comunidades indígenas de Temucuicui, Curacautín y Trapilwe. “Creo que una de las necesidades relevantes hoy día en cuanto a políticas públicas, es avanzar en el diálogo y poder resolver el conflicto que existe entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, y también de promover el respeto por esta cultura”, concluye Royo.
Sobre el autor: Álvaro Vergara es estudiante de Periodismo y escribió este artículo en el curso Taller de Prensa. El reportaje fue editado por Javiera Navarro en el Taller de Edición en Prensa.
