La aprobación de la Ley Corta de Isapres, diseñada para devolver montos cobrados en exceso por las aseguradoras privadas, ha comenzado a generar tensiones entre el Ejecutivo, los parlamentarios y los usuarios del sistema.
El detonante del descontento ha sido la notificación de los métodos de devolución a los afiliados. Algunas aseguradoras han propuesto realizar las devoluciones en hasta 156 cuotas, con montos mensuales que en algunos casos van en cifras cercanas a los $500. Esto ha provocado indignación en los usuarios, quienes consideran los montos una burla.
La Superintendencia de Salud estima que más de 700.000 afiliados recibirán devoluciones que van desde los 380 pesos hasta los 69 millones de pesos. Sin embargo, los mecanismos propuestos por las Isapres para cumplir con la Ley han evidenciado graves falencias.
Ante las críticas, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, deslindó responsabilidad en el Ejecutivo, subrayando que lo aprobado no correspondía a la propuesta original del Gobierno y que se advirtió sobre las consecuencias de los plazos fijados por el Parlamento.
<strong>Congreso: el gran responsable</strong>
Mientras los usuarios manifiestan su frustración y el sistema de salud enfrenta tensiones crecientes, los parlamentarios evalúan opciones para subsanar el problema, pese a que este nació precisamente del acuerdo al que llegaron ellos mismos.
De esta manera, han aparecido voces que abogan por ajustes a la normativa actual hasta propuestas de reforma estructural al sistema de salud.
Así las cosas, la senadora Paulina Vodanovic (PS) propuso una norma interpretativa para limitar los procedimientos de las aseguradoras y respetar el “espíritu” de la Ley. Sin embargo, las críticas no cesan. Tanto oficialistas como opositores han señalado deficiencias en la implementación de la normativa.
Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la comisión de Salud del Senado, fue enfático al afirmar que el Gobierno debe asumir la responsabilidad de resolver la crisis.
Por ahora, la Ley Corta de Isapres se encuentra en el ojo de la tormenta, y tanto el Gobierno como el Congreso tienen en sus manos la tarea de recuperar la confianza de los ciudadanos frente a un sistema que, a todas luces, necesita cambios profundos.
