Martina Cociña Cholaky, investigadora UOH, señala que lo fundamental es que las políticas que se implementen busquen resguardar a la población migrante y en movilidad forzada, incentivando -además- un diálogo regional multilateral.
“El éxodo venezolano no es reciente, viene observándose -al menos- hace una década, configurándose en la mayor movilidad en la región a nivel contemporáneo”, explica Martina Cociña, investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad de O’Higgins (UOH), respecto a los anuncios de una migración masiva desde la tierra de Simón Bolívar por el complejo escenario político que generaron los resultados oficiales entregados tras las votaciones del pasado 28 de julio de 2024.
Para dar respuesta a interrogantes sobre si habrá un éxodo masivo y las consecuencias que tendrá para Chile y Latinoamérica, la experta en migración de la UOH, indica que “lo reciente de las elecciones dificulta efectuar un análisis de sus implicancias, en especial, por lo incierto del escenario. Lo que es claro es que no existe acuerdo sobre sus resultados, mientras el Consejo Nacional Electoral informó que Nicolás Maduro había obtenido la mayoría (52%), por lo que continuaba el siguiente mandato; la oposición, liderada por María Corina Machado, a través de una declaración pública, proclamó a Edmundo González vencedor con una amplia diferencia (en torno al 70%)”.
La investigadora detalla que, a mayo de 2024, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), portal que registra que la diáspora venezolana, ésta alcanza más de 7,7 millones de personas. “De ellas, 6,6 millones se asientan en América Latina y El Caribe, principalmente, en Colombia (2,9 millones), Perú (1,5 millones) y Brasil (568 mil). Chile es el cuarto país en la región con mayor flujo venezolano (con más de 500 mil personas), transformándose desde 2017 en la mayor comunidad de migrantes de nuestro país”. Por tanto, la Doctora Cociña plantea que “los recientes comicios, en particular la incertidumbre poselectoral que se vive en Venezuela podría incidir en el aumento de su éxodo, en especial hacia países latinoamericanos, como Colombia -por la cercanía geográfica y cultural- y a otros territorios en que se ha establecido su diáspora, como es el caso de Chile”.
Preparación de las naciones
La investigadora sostiene que “sin duda, la situación venezolana se ha transformado en una preocupación y en un desafío para toda la región latinoamericana”, y agrega que “es hora de aunar todos los esfuerzos y las energías para instar por mediadores que posibiliten una salida democrática, sin violencia y promoviendo vías que garanticen el respeto de los derechos humanos, en este conflicto”.
Mientras ello se gesta, Martina Cociña Cholaky, señala que, ante el posible aumento de la movilidad humana, los países “cuentan -en sus legislaciones- con mecanismos para abordar la migración de personas, como son los visados de residencias temporal o permanente, o medidas ad hoc; como el visado de responsabilidad democrático creado en Chile para responder al flujo venezolano”. En este sentido, arguye que “lo primordial es que los gobiernos adopten medidas que velen por el respeto de los derechos esenciales, ya sea posibilitando el ingreso y permanencia regular en el territorio, facilitándole la realización de trámites y/o el otorgamiento de protección, en caso de movilidad forzada”. Detalla que, en este ámbito, desde febrero de 2022, Chile cuenta con la figura de protección complementaria consagrada en la nueva Ley de Migración y Extranjería que garantiza el principio de no devolución.
Asimismo, la especialista en movilidad señala que “para la diáspora, en contexto forzado, cabría aplicar el reconocimiento ‘prima facie’, esto es, el reconocimiento grupal de protección frente a una situación generalizada de vulneración a los Derechos Humanos, tal como lo ha realizado Brasil. Otros países han implementado herramientas para fomentar la estadía regular, a través de permisos provisorios, como es el caso colombiano”.
Especifica que “lo fundamental es que las políticas que se implementen tengan por objeto resguardar a la población migrante y en movilidad forzada, para lo que se debe incentivar el diálogo regional multilateral. El éxodo venezolano requiere respuestas coordinadas e integrales; y acciones como el cierre de embajadas y el retiro del personal diplomático de Venezuela en siete países latinoamericanos (Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay) va en contra de la necesidad de desarrollar diálogos regionales. Además, afecta a la población extranjera residente, impidiéndole obtener documentos y realizar trámites esenciales para su inclusión y movilidad”.
